Mar 21, 2013

El presidente del Parlamento de Andalucía visita La Carlota


En la tarde del pasado lunes, 18 de marzo, el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, , realizó una visita institucional al municipio de La Carlota, que junto a la alcaldesa, Rafi Crespín analizaron el anteproyecto de la reforma de la administración local en una mesa coloquio sobre el municipalismo.

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Mesa coloquio sobre ‘El municipalismo'.

Tras el encuentro, la regidora carloteña y presidente del Parlamento andaluz, participaron en una mesa-coloquio sobre el municipalismo, titulada ¿quieres un modelo desconectado de tu realidad local o uno cercano a ti?, en la que abordaron el anteproyecto de Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local, elaborado por el Gobierno central.

Al respecto, la alcaldesa de La Carlota mostró su preocupación ante el texto que se presenta para la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, ya que "tal y como se ha redactado implica ciertos riesgos para la ciudadanía de los pueblos".
En primer lugar, Crespín destacó que la nueva regulación conlleva alejar el gobierno local de sus vecinos, ya que los problemas del día a día ya no se gestionarían desde el ayuntamiento, sino que pasaría a ser competencias de otras administraciones más distanciadas en el trato directo con la ciudadanía.
En este sentido, señaló que la proximidad es una garantía de solidaridad y que de la otra forma, habría riesgo de que se estableciese una brecha en la sociedad con una merma en la calidad de los servicios públicos.
Asimismo, indicó que el anteproyecto de ley solo se justifica por la sostenibilidad financiera de las administraciones locales, "algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero además del equilibrio económico, los gobernantes, estén en la administración que estén, cuando hablen de servicios públicos deberían hablar también de la rentabilidad y equilibrio social".
Según Crespín, el equilibrio total sería fácil, pero esta circunstancia repercutiría en la ciudadanía ya que "su acceso a los servicios públicos sería limitado para una parte de la población, pues el coste sería superior".
Atendiendo las disposiciones de la reforma, en La Carlota, se verían afectados los servicios prestados a través de los patronatos de deportes, cultura y servicios sociales, la empresa municipal o el centro de información a la mujer, ya que se les exige ser sostenibles financieramente, y si no es así, se daría un plazo corto para el cumplimiento con el déficit o la Diputación asumiría la competencia.
Crespín manifestó que por todas estas razones, "este anteproyecto está teniendo un gran rechazo por los gobiernos locales, de todos los colores políticos".
Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía informó que esta comunidad autónoma cuenta con normas fundamentales desde el punto de vista del municipalismo.
En este sentido, hizo referencia al Estatuto de Autonomía aprobado en 2007, que cuenta con un título dedicado a la ordenación territorial, en el que se recoge las competencias de los ayuntamientos.
Asimismo, explicó que hay dos leyes aprobadas por el Parlamento para el desarrollo de este título del Estatuto. Una de ellas es la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), con la que se regula las competencias locales, así como, se dispone los mecanismos de participación de los ayuntamientos con la Junta de Andalucía para la cooperación institucional y los instrumentos necesarios para que las corporaciones puedan desarrollar mejor su gestión ya sea con la conformación de patronatos, consorcios, empresas públicas y también regula la asociación de municipios para la prestación de determinados servicios de forma mancomunada. La otra ley hace referencia a la financiación local, en la que se establece la participación de los ayuntamientos en los tributos propios de comunidad autónoma, conocida como PATRICA. "Esta ley es importante, puesto que los ayuntamientos son las administraciones peor financiadas y es un tema en el que hay que centrarse", aseveró el presidente de la institución andaluza.

Al respecto, Gracia subrayó que el Estatuto de Autonomía de Andalucía se aprobó con un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas que conformaban el Parlamento andaluz, y que este principio de consenso debería existir en aprobación de esta reforma de la Ley de Administraciones Locales, ya que se trata de una Ley estructural, suponiendo así un cambio en la organización del sistema institucional del Estado. "Esto supone un cambio en las reglas de juego y conviene que exista el pleno acuerdo y que no dependa de un solo partido político, ya que las reglas deben ser estables y no estar en continuo cambio en función del partido que gobierne".
De igual modo, matizó que la Constitución Española reconoce la autonomía local y por tanto, los ayuntamientos gozan de autonomía constitucionalizada, un principio constitucional para la gestión de sus intereses.
"El principio de la autonomía local se debe preservar pues es lo que permite que los ciudadanos tengan seguridad de que sus primeros representantes, los más cercanos, van realmente a defender sus intereses, y esto se plasma en el principio de subsidiaridad, que proclama que los servicios deben ser gestionados por la administración más próxima con capacidad de resolver los asuntos", esgrimió Gracia.
Por ello, mostró sus dudas ante el traslado de las competencias a las diputaciones, primero por ser una institución que no existen en la constitución como organismo con autonomía política, y en segunda instancia, porque no son organismos de representación directa ciudadana, mediante el voto, por lo que no rinde cuentas a los vecinos, cosa que si ocurre con los representantes municipales.
Sobre la cuestión de las duplicidades, el presidente argumentó que las que se detecten se deben eliminar, pero esto no implica que las competencias no puedan ser compartidas entre administraciones, siendo más importante, abordar como financiar esas competencias. "Es absurdo que se plantee quien paga o financia, cuando en principio el dinero es el mismo, porque parte del mismo sitio, de los tributos de los ciudadanos".
En este caso, puso el ejemplo de las competencias en Educación, en la que interviene tanto el Ministerio del ramo con los planes de estudios, los requisitos de títulos o acceso de profesores; la Junta con la construcción de colegios y pago de las nóminas de los profesores; y los ayuntamientos con la limpieza, calefacción, y el mantenimiento diario de los centros. "Si las competencias se traslada en Educación todas a la Junta, ¿qué pasaría si el 8 de enero se presenta una rotura de cristales y el 9 comienzan las clases? Habría que llamar a Córdoba y esperar a que se arregle, cuando en la actualidad, desde el Ayuntamiento, el problema se aborda de forma rápida y por tanto, la gestión es más eficaz", expuso Gracia.
Y en cuanto al objetivo del equilibrio presupuestario, planteo que no se debe anteponer a todo lo demás, puesto que tendría que haber un equilibrio entre la sostenibilidad presupuestaria y la garantía de los derechos ciudadanos y la prestación de servicios a los ciudadanos".